La columna de Julián Sánchez: Ni un día más

El pasado viernes se hizo pública la Encuesta de Población Activa (EPA) y no por esperada resultó ser más aterradora. Pese a que el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro utilizando el viejo truco del “ofrece más para dar menos”, anticipó el día anterior una subida  del desempleo hasta un total de 5,400.000 personas en 2011, lo cierto vino a ser que la contabilización oficial del personal inactivo en condiciones para el trabajo ascendió oficialmente a 5,273.600 almas. Aunque inferior al “políticamente” adelantado por el ministro,  no por ello el incremento es menos espeluznante e intolerable, como consecuencia de que, analizando fríamente los datos, en los cuatro años de crisis la subida del desempleo ha experimentado un 11% del ya asumido. Que en los últimos tres meses la nefasta subida ha anotado un 2% más en dicho periodo o, lo que viene a ser lo mismo, un total de 350.000 puestos de trabajo perdidos, más que en todo 2010, llegando al índice total al 22’85% al final del pasado ejercicio.  El desempleo de larga duración (más de un año en desempleo) sufrió un incremento de 270.000 personas equivalente al 13’2% del total, el desempleo juvenil ya supone la mitad del total registrado y las familias con la totalidad de sus miembros en desempleo ha ascendido hasta 1,570.000 hogares y la cosa puede ponerse muchísimo peor, habida cuenta que el último informe del Banco de España anuncia una recesión del 1’5 del PIB para 2012 a consecuencia de las medidas y recortes del gobierno. Mientras tanto nuestros agentes sociales legalmente instituidos continúan perdidos en discusiones sobre galgos o podencos y el Gobierno relajando plazos sin decidirse a intervenir pese a la sangría producida. Si alguien lo entiende que me lo cuente.

En lo referente a las autonomías, el índice de desempleo ofrece diversa valoración; frente al aproximadamente 13% que experimentan Navarra y el País Vasco (13’82 y 12’61 respectivamente) se encuentran Andalucía y Canarias con un muestrario del 31’23 la primera y el 30’93 la isleña. En referencia a la Comunidad Valenciana el índice total ascendió al 25’45 que tampoco deviene baladí precisamente.

No podemos aguantar ni un solo día más sin que se acometan de una vez, por quien haya de corresponder, las oportunas medidas encaminadas a frenar la insoportable sangría humana producida por el desempleo, además de dirigirlas al objetivo de empujar al crecimiento de los sectores más desprotegidos de nuestra depauperada economía de producción (pymes y autónomos). Ya comentamos en anteriores artículos que las apresuradas disposiciones adoptadas recientemente por el Gobierno en referencia a impuestos sobre el trabajo, ahorro e IBI, incrementadas por las que cada autonomía decidió a adoptar por su cuenta y riesgo (la nuestra procedió inmediatamente a sobrecargar el tramo propio del IRPF, así como en impuesto sobre los combustibles), iban a repercutir directa e irremisiblemente sobre el incremento del índice de desempleo, en consecuencia, si las anteriores cifras causan espanto, presumimos que las relativas al primer trimestre del corriente año no van a mejorar precisamente la previsión.

La reforma laboral deviene más que urgente y la misma debe de tener presente en todo momento que su acción debe ir encaminada a la rebaja sin contemplaciones del desmesurado índice de desempleo nacional, es simplemente una cuestión de solidaridad humana. No voy a salir a éstas horas de mi vida arremetiendo contra la institucionalización de los agentes sociales legalmente constituidos, y no voy a hacerlo porque soy el primer convencido de que en todo sistema democrático son elementos más que necesarios para la estabilidad del propio sistema, pero sí vengo a reclamar a los mismos que estén a la altura que la situación demanda y dejen sus discusiones baldías para proceder al acometimiento las condiciones para la mejora de un sistema socio-laboral acorde a lo que viene a exigir una economía moderna e integrada en el conjunto comunitario en el que nos desenvolvemos. N o podemos seguir teniendo el coste de despido y las cotizaciones sociales más altas de toda Europa, así como que el nivel salarial se desarrolle ignorando el de productividad. No podemos cerrar el grifo indefinidamente a la financiación empresarial y comercial, sencillamente porque estrangulamos la mínima expectativa de inversión. No podemos diversificar nuestra economía extrayéndola de la monopolística dependencia del ladrillo si no estructuramos un conveniente plan de formación para nuestros jóvenes hacia el conocimiento de nuevas tecnologías y no podemos fomentar el empleo penalizando el consumo con más impuestos a trabajadores y pensionistas (nuestro IRPF ya está a la cabeza de toda Europa).

Se impone la promulgación inmediata y temporal de un contrato laboral anti-crisis el cual resulte atractivo para empresas en dificultades, que consiga facilitar la incorporación del mayor número de trabajadores/as en situación de desempleo, especialmente sus colectivos más sensibles, al mercado de trabajo con el objetivo de invertir esta negativa situación y propiciar el efecto psicológico de la inversión de tendencia la cual venga a animar las futuras acciones relativas a la inversión y el despegue económico.

Ni un día más inactivos, cerca de cinco millones y medio de personas no disponen de tiempo para discernir la raza de los canes. Los agentes sociales deben de ofrecer la alternativa definitiva ya, en caso contrario el Gobierno debe de actuar en consecuencia. A finales de los setenta, en circunstancias parecidas, se pudo lograr, hoy no podemos, ni debemos, ser menos.

Julián Sánchez
Diplomado en Derecho del Trabajo por la UPM